la ocupación "ilegal" de un terreno valorado en millones de euros, los bancos, retrasos judiciales y un concurso de acreedores dejan a un propietario de Cullera sin su suelo y sin dinero
En plena explosión de indignación popular que ha sacado a la calle a miles de personas en decenas de ciudades para protestar contra un sistema económico y político en el que ya no se reconocen, un propietario de Cullera pone voz a un clamor alumbrado tras una época de excesos que se extiende como una mancha de aceite y que ha puesto en el punto de mira a políticos, bancos o a la Administración de Justicia.
Es uno de los ejemplos de lo cruel que el sistema puede llegar a ser con el ciudadano. Dueño de una propiedad tasada en varios millones de euros, este hombre se ha quedado sin dinero ni terrenos tras cinco años de pleitos.
Ahora lanza un grito contra "la desprotección", denuncia que impera la "ley del más fuerte" y señala expresamente al sistema financiero y al judicial. Este ciudadano lleva desde 2006 en lucha por tratar de recuperar un terreno de su propiedad sobre el que una empresa, Lumon SL construyó parte de una urbanización en Cullera, que se llamó Bella Terra.
En total, la zona residencial ocupó 5.857 metros cuadrados propiedad de este vecino, que requirió a Lumon para que liberara el terreno sin éxito, una situación que ha puesto contra las cuerdas su propia economía personal, denuncia. Tras cinco años en los juzgados y pese a que todas las instancias le han dado la razón, el propietario se ha quedado sin su terreno y sin un céntimo y además el sistema lo aboca a iniciar de nuevo un proceso por la vía penal.
"No todos somos iguales ante la ley, prima la ley del más fuerte", asegura indignado porque pese a que los tribunales le han ido dando la razón sucesivamente en todas las instancias, no ha podido recuperar la propiedad e inscribir a su nombre la edificación que le han construido en ella. Los continuos recursos han dilatado el proceso y el hombre ha visto como su problema todavía se ha complicado aún más con la aparición en escena de las entidades financieras.
Una vez estallada la burbuja inmobiliaria, la constructora quebró. Entre los acreedores figuran entidades bancarias que para garantizarse la deuda de la empresa deciden, según cuenta el afectado, anular los créditos con los que el vecino confiaba en que pudieran pagarle la propiedad "ocupada", porque para entonces el propietario ya se ha visto obligado a reclamar el dinero de la parte de su propiedad afectada.
"Siguen dilatando el proceso"
"Ninguna exigencia judicial surte efecto -asegura- y el banco quiere quedar en posición preferente ante el resto de acreedores. Yo mismo presenté un escrito en el que le advertía de la existencia de un litigio anterior", explica el afectado. "La empresa sigue dilatando el proceso y decide recurrir en casación, un recurso que el Tribunal Supremo también desestima e incluso presentan una infracción procesal", explica el propietario, quien asegura que en todo momento "la firma ha contado con la colaboración de la entidad bancaria". "Además han realizado alzamiento de bienes y actuaciones fraudulentas con el patrimonio de que disponen", denuncia el cullerense indignado.
El propietario valoró el equivalente económico de su propiedad en 4,2 millones de euros mientras que la mercantil lo tasó en 2,2 millones y aunque finalmente se estimó esa valoración, la constructora decidió recurrir su propia tasación al considerarla desorbitada. "Es el colmo. Era la valoración aportada por ellos mismos y lo peor es que están haciendo desaparecer su patrimonio para no pagar", se lamenta el hombre quien dice sentirse "totalmente desprotegido por los años que han transcurrido sin dinero y sin propiedad".
Y ya para cerrar el círculo la mercantil presentó un concurso de acreedores. "He reclamado que ese concurso sea declarado culpable y no me hacen ni caso y eso sin contar los semestres de baja que se ha pasado el juez de lo Mercantil. Para este hombre la única respuesta es que "al final se encubre a los poderosos", clama indignado.
