David Omar Jovel Merino es un salvadoreño que reside desde 2002 en Cullera, Valencia, España, donde conoció a la búlgara Elena Staleva Peykova, de quien se enamoró y un día decidieron convivir juntos.
Luego de años de vivir como pareja en 2009 decidieron contraer matrimonio civil ante el juez de paz y encargado del registro civil de esa localidad, Pedro Monreal Mengual, quien se negó a consumar la boda aduciendo que era un matrimonio por conveniencia y que tanto el salvadoreño como la ciudadana búlgara no tenían derecho a casarse en España.
Ante dicha situación Jovel investigó al juez Monreal, de quien conoció que celebraba bodas a conveniencia entre ciudadanos colombianosn y de otros países. Tras reunir algunas pruebas presentó la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial Españo para que investigaran la conducta del juez, a quien también acusó de racismo y discriminación.
Puntualmente Jovel acusó al juez Jovel de haber oficiado la boda entre la colombiana Rocío Beltrán Osorio previo pago de siete mil euros del uruguayo nacionalizado español, Diego Millán Vázquez.
La intención de Jovel era demostrar que el juez Monreal se negó a realizar su boda porque no tenían dinero para pagar el “chantaje”.
Dicha situación ha generado que Jovel, oriundo de Suchitoto, haya recibido amenazas de muerte, las que ha hecho del conocimiento del consulado salvadoreño, sin que hasta ahora haya recibido muestras de apoyo o seguimiento consular.
Las investigaciones alrededor del juez Monreal indican que éste realiza bodas a conveniencia toda vez que reciba fuertes sumas de dinero, lo cual consta en la denuncia realizada ante el Consejo General del Poder Judicial Español.
El caso que ha adquirido relevancia y ha sido publicado en varios medios de Valencia, señala la lentitud en la investigación judicial y la discriminación hacia el ciudadano salvadoreño y su compañera búlgara.
Una de las justificaciones de Monreal para no oficiar la boda es que los ciudadanos búlgaros ni siquiera saben cuando Bulgaria ingresó a la Unión Europea y que los salvadoreños buscan casarse solo por conveniencia en el sentido de lograr beneficios sociales.
Según Jovel, si convive con su pareja desde 2002 y decide casarse en 2009, lo que menos puede haber es una conveniencia interesada en programas o beneficios sociales; sino la necesidad de legalizar una relación estable de pareja.
Ante dicha situación, Jovel no solo ha demandado localmente al juez, sino también ante el Defensor del Pueblo Europeo, cuya denuncia fue presentada la semana pasada, al no avanzar las investigaciones nacionales de España.
La denuncia ha sido aceptada y se ha comenzado los trámites. España es un país signatario de la Defensoría Europea, por lo tanto su fallo será vinculante.
El problema para Jovel es que por su calidad de iberoamericano no puede contraer nupcias civiles más que en Cullera, Valencia, porque depende de un proceso legal para que se autorice al juez Monreal a que oficialice la boda o que en su defecto se consiga un permiso para contraer nupcias en otro municipio.
Según Jovel lo que quiere demostrar con ambas denuncias que en su caso particular hay discriminación y racismo, además de una profunda corrupción por parte del juez Monreal, pues no los quiere casar por su nacionalidad y porque no tiene la capacidad económica de pagar hasta 10 mil euros.
La boda es gratuita y solo se pagan los impuestos que genera la documentación civil; no obstante los ciudadanos colombianos pagan fuertes sumas de dinero, se casan, logran la nacionalidad española y luego se divorcian. “Esas son bodas por conveniencia, no la mía, producto de un amor entre una europea y un salvadoreño”, dijo.
Jovel tiene en su poder las cartas enviadas al consulado salvadoreño en las que explica su caso para lograr una intermediación, pero hasta ahora no ha recibido ningún tipo de respuesta.
Las cartas han sido enviadas directamente a la cónsul salvadoreña Patricia Leonor Comandari.
Donde si ha sido tomado en cuenta es en los medios de comunicación local que han hecho eco de su caso y han publicado la historia enfocada a la supuesta corrupción del juez de paz de Cullera.
Los medios han retomado la investigación iniciada a título personal por Jovel, para poner en tela de juicio el proceder el juez Monreal, quien se supone que discrimina a los iberoamericanos, pero no a quienes pueden pagar fuertes sumas por contraer nupcias a conveniencia.
