Los vecinos de una finca de Cullera exigieron que se ponga fin al desacuerdo entre Iberdrola y la Dirección General de Puertos para poder ocupar sus viviendas, acabadas desde septiembre de 2010. La controversia que causa esta carencia en el edificio del Bulevar del Xúquer radica en la electrificación del mismo al pasar la línea por el dominio público portuario, lo cual generó un enfrentamiento entre Iberdrola y Puertos que, a día de hoy, sigue sin solucionarse.
«No aguantamos más», declaró una vecina, «el cableado está hecho, la instalación también, además, ha sido supervisada por la Conselleria de Industria hace meses con resultado positivo y sabemos que los tres transformadores del polígono tienen corriente eléctrica».
Esta vecina recordó que en 2008, y mediante un sorteo, le tocó esta vivienda: «Llevamos tres años y medio esperando a nuestras viviendas, estamos cansados y desesperados», a la vez que pidió que haya un acuerdo lo más rápido posible entre los dos organismos.
Sin embargo, desde Iberdrola quisieron lanzar un mensaje de optimismo a los vecinos. En un comunicado remitido ayer, afirmaron que han aportado a la Dirección general de Puertos la documentación necesaria para el otorgamiento de la concesión, «una vez llegado a un acuerdo sobre las discrepancias surgidas, y ha solicitado la autorización provisional para la ocupación de la línea eléctrica que atraviesa el río Júcar para poder dotar de suministro a esta zona». Una vez concedida esta, según explicaron desde Iberdrola, «se podrá proceder a la recepción de la instalación y, por tanto, a energizar la zona».
Iberdrola añadió que la Dirección General de Puertos «había puesto varios condicionantes a la autorización del paso de la línea eléctrica sobre el Júcar que no podíamos aceptar porque contenía limitaciones temporales absolutas». Es decid, la implantación de la línea, según la compañía, «no gozaba de la debida garantía jurídica de permanencia mientras que prestara el suministro de energía eléctrica».
Esta circunstancia, según la misma fuente, implicaba que Iberdrola «no tenía garantía de poder seguir prestando el suministro eléctrico a la zona, por lo que la compañía consideraba que la autorización no debía estar condicionada a un plazo de tiempo, sino a la propia prestación del servicio, pues, además, no hay otra vía de suministro eléctrico a la zona, y así se lo indicó a la Dirección General de Puertos».
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