El Ayuntamiento de Cullera ha remitido un informe de la interventora y del secretario municipal a la Fiscalía para que se investiguen "posibles responsabilidades penales" hacia la UTE formada por las empresas Construcciones Salvador Micó, SLU, y Calidad Deportiva, SL, ya que esta UTE solicitó cobrar en una entidad bancaria dos certificaciones de obra que no estaban aprobadas por el ayuntamiento. El consistorio sospecha que la firma de la interventora y el cuño del ayuntamiento pudieron ser copiados de certificaciones anteriores para cobrar dos certificaciones de obra por valor de más de 100.000 euros.
El traslado de este asunto a la fiscalía fue aprobado en la junta de gobierno del pasado 20 de mayo y las obras que realizó esta UTE corresponden a la reforma de las instalaciones del polideportivo municipal La Partideta: la pista de atletismo, el campo de fútbol 7 y los vestuarios.
En la documentación municipal consultada, se explica que el pasado 11 de mayo Caja Madrid se puso en contacto con el ayuntamiento para informarle de la existencia de estas dos certificaciones, mediante las cuales la UTE pide realizar una cesión de crédito correspondiente a las certificaciones de obra emitidas con números 5 y 6, que suman un total de 107.538 euros. Cuando se revisó la documentación se comprobó que estas certificaciones no figuraban en el negociado de Intervención, por lo que no podían haber sido contabilizadas.
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