lunes, 13 de junio de 2011

Más de la mitad de los apartamentos turísticos de Cullera son ilegales

Un rastreo rápido en Internet sobre alquiler de apartamentos en Cullera y aparecen más de una decena de ofertas de particulares publicadas en las últimas 24 horas. La crisis económica está empujando a muchos propietarios a arrendar su casa de la playa de forma ilegal para los meses de verano. Tanto, que más de la mitad de los apartamentos turísticos en la Comunitat ya son 'piratas'. «Están proliferando este tipo de alquileres fruto de la crisis. En concreto, el 62% de la oferta total no es legal», estima el presidente de la asociación valenciana de alojamientos turísticos (Valtur), Javier Murguía.
En números absolutos, alrededor de 76.000 apartamentos que se alquilan para los turistas en verano no pagan impuestos, no cumplen con la ley de arrendamiento ni están regulados por la Agencia Valenciana de Turismo.
Uno de los principales problemas que tienen que afrontar los profesionales es el precio de estas viviendas. «La competencia desleal nos hace mucho daño. Se publicitan por Internet y algunos llegan a alquilar un apartamento con tres habitaciones para el mes de agosto a menos de 60 euros la noche. No se puede competir con eso», lamenta Murguía.
No exagera. En uno de los reclamos puede leerse cómo un particular ofrece su apartamento en Cullera «con sofá cama en el comedor, habitación supletoria en la habitación con cama de matrimonio y otro cuarto con dos camas más» por 1.500 «agosto entero».
«Se trata de personas que suelen elegir la opción de alquilar porque se encuentran en una situación complicada y ese dinero extra les ayuda, por ejemplo, a pagar la hipoteca, ya que están ahogados por la crisis», explica Murguía.
Esta realidad deriva en una guerra de precios y obliga al sector profesional «a rebajar hasta un 30% sus tarifas para poder ser competitivos», denuncia el presidente de Valtur, quien resalta que el sector en la Comunitat ya ofrece precios muy competitivos y la calidad de los mismos. Por ello, pide un protocolo que acabe de forma definitiva con el intrusismo. «Necesitamos una normativa que sea más estricta, que persiga más estas actuaciones fraudulentas que fomentan la economía sumergida y que nos hacen tanto daño tanto a nosotros como a los hoteles», solicita.

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